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VÍA LIBRE DEL GOBIERNO: SE HARÁ EL PROCESO ITALIANO CONTRA LA OPERACIÓN CONDOR

Miles de personas desaparecidas y asesinadas en los años 70 en siete países sudamericanos contra el temor ‘rojo’: en nuestro país, en febrero, nueve imputados por la muerte de 30 hombres y mujeres de origen italiano.

Daniele Mastrogiacomo

La llamaron “Operación Cóndor”; un nombre que simboliza el gran pájaro rapaz, dueño de los cielos que cubren la cordillera de los Andes. No era un nombre elegido al azar: encerraba el área geográfica sobre la cual siete países latinoamericanos habrían actuado en perfecta sintonía. Según modalidades precisas, fuera de toda legitimidad constitucional, como una verdadera banda terrorista armada. También Italia, luego Argentina, podrán afrontar finalmente esta espantosa planificación criminal y hacer justicia a una treintena de hombres y mujeres de origen italiano, tragada en el agujero negro de los secuestros, de las torturas, de las ejecuciones a menudo llevadas a cabo mediante vuelos secretos sobre el océano Atlántico desde donde los prisioneros –previamente sedados- eran lanzados al vacío.

El ministro de justicia, Andrea Orlando, ha acogido la demanda del gup del tribunal de Roma, Alessandro Arturi, quien solicitaba el juicio para 9 imputados, referido al artículo 11 del código penal. De hecho, el ministro decidió procesar a esas 9 personas por el mismo delito por el cual habían sido obstaculizados en su país de origen. Circunstancia excluida de nuestro ordenamiento.Dice Orlando: “Numerosas personas, incluso por el simple hecho de ser sospechosas de militar en el partido por la victoria del pueblo o por el hecho de tener relaciones de parentesco o amistad con militantes, eran arrestadas, sin ninguna orden que proviniera de una autoridad legítima, sometidas a detención ilegal y tortura y luego asesinadas de las maneras más atroces”.

ARCHIVO  La vida italiana clandestina de un torturador, de Carlo Bonini

La idea fue de un oficial americano durante una reunión en Santiago de Chile. Pero fue oficializada el 3 de Septiembre de 1973, en el curso de la 10a. Conferencia de los ejércitos americanos. Con ello se hizo prometer al general brasileño Breno Borges Fortes: “Es hora-anunció el alto oficial- que se cree una gran alianza entre los distintos servicios secretos con el fin de combatir el comunismo y cualquier propósito subversivo” Esto fue el comienzo del final para las jóvenes democracias recién instaladas, resultado de las guerras de liberación de los imperios coloniales, de cada tímida forma de disensión de las primeras reivindicaciones sindicales, de las pocas libertades recién conquistadas. Obsesionados con el peligro comunista, sostenidos y subvencionados por un EEUU dominado por aires “macartistas” que veían bolcheviques por doquier, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay decidieron lanzar una amplia ofensiva en contra de cualquiera que pudiese tener simpatías, amigos o parientes hacia movimientos u organizaciones de izquierda, llevando a cabo la más espantosa masacre del siglo pasado. Se calcula que desde 1973 a 1980 desparecieron casi 30.000 personas, otras 50.000 fueron asesinadas y unas 400 mil arrestadas. Una generación completa-de unos 20 años en esa época- fue borrada en nombre de la lucha contra la subversión roja: intelectuales, sindicalistas, profesores, arquitectos, médicos, sacerdotes, obreros, escritores, poetas, artistas, cantantes, estudiantes. Sus hijos, arrancados a las madres y adoptados por los verdugos. Las abuelas perseguidas y reducidas al silencio. Los parientes amenazados, obligados al exilio, obligados a vagar en busca de los propios familiares en una odisea marcada por el dolor, las súplicas, las indicaciones falsas, las promesas desatendidas, las mentiras, la crueldad. Y todo esto gracias a la contribución de los EEUU mediante financiamientos conspicuos, adiestramientos en técnicas de arresto, de interrogatorio y de tortura.

Por otra parte el terreno era favorable. Los siete países envueltos en el “plan Cóndor” estaban presididos por juntas militares llegadas al poder por medio de un golpe. Con la excusa de una emergencia promulgaron leyes especiales, impusieron el toque de queda, anularon los partidos, desplegaron el ejército por las calles. Planificaron los arrestos de masa: detenciones de miles de personas en los estadios, transformados en campos de concentración. Adiestraron grupos especiales de intervención, refinaron los servicios de inteligencia, usaron los ejércitos privados creados por exponentes de la burguesía ‘negra’ y conservadora para crear verdaderos escuadrones de la muerte que actuaban con total impunidad. Encontraron la silenciosa alianza de la parte más conservadora del clero y no tuvieron escrúpulos en perseguir a los curas que denunciasen lo que ocurría.

Se necesitaron más de 10 años para cerrar esta matanza. Tan solo cuando las organizaciones humanitarias lograron hacer oír su voz y miles de denuncias llegaron a las naciones unidas, el mundo decidió que había llegado el momento de cerrar este horrible capítulo. Las juntas militares soltaron el poder, intentaron tímidas aperturas, concedieron nuevas elecciones con una condición tácita: impusieron el silencio acerca de todo. Nadie asumió la responsabilidad por esta espantosa matanza. Lo que había ocurrido era parte de una guerra, decidida y llevada a cabo para salvar al país, de parte de hombres que habían obedecido órdenes impartidas de acuerdo a las líneas de comando y sobre la base de principios y valores supremos, éticos, envueltos casi con un áurea religiosa.

El silencio y las largas omisiones tuvieron la convalidación de dos leyes: Punto final y Obediencia y el aval de dos indultos presidenciales en Argentina: en 1989 y en 1990. Los artífices principales del desastre fueron protegidos y declarados inmunes a cualquier procedimiento penal. Pero el frente compacto del “Cóndor” empezó a resquebrajarse. Los tiempos habían cambiado, las verdades comenzaban a emerger. El golpe de gracia provino de un juez paraguayo, José Agustín Fernández, quien, durante una investigación en una estación de policía de Asunción, descubrió un archivo que describía la suerte de miles de víctimas raptadas,  torturadas y asesinadas por las fuerzas armadas de los siete países implicados en el “Cóndor”. Un archivo del terror. Otras indagaciones de periodistas y abogados encontraron nuevas pruebas…y el barro subió a la superficie. Cuanto más se leían esos documentos, más se descubrían los horrores a los que se libraron los asesinos. Los fantasmas también comenzaron a obsesionar a los verdugos y, ante el riesgo de tener que pagar por todos, algunos oficiales decidieron hablar. Entre amenazas y admisiones a medias pero también muchas mentiras, Adolfo Scilinco, capitán de corbeta y ex -miembro del aparato represivo que gobernó la Argentina del terror entre 1976 y 1983, se confiesa al periodista Horacio Verbitsky y devela y delega todas las responsabilidades en los vértices de la Junta. Lo hace con documentos oficiales que había conservado y que demostraban que las órdenes de ciertas prácticas de tortura y de desaparición de los arrestados habían venido directamente desde el alto mando. Gracias al libro “El vuelo”, traducido en Italia por Fandango, emergió con todo su horror el culmine de ese verdadero genocidio que había borrado la nueva generación argentina. Desde la ESMA, la escuela de mecánica del ejército, transformada en centro de tortura de la junta militar golpista del general Jorge Rafael Videla, despegaban decenas de aviones con centenares de prisioneros a bordo.  Sedados con un narcótico despachado como una vacuna normal, hombres y mujeres fueron empujados al vacío. Sus cuerpos, reducidos a maniquíes deformes por el impacto sobre el suelo, luego comenzaron a aparecer en las playas y bordes rocosos de la costa sur de Buenos Aires y de las costas norte de Uruguay. Solo algunos fueron recuperados y, gracias a largos análisis del ADN, fueron identificados.

Será interesante escuchar las versiones y las justificaciones de los verdaderos protagonistas de ese decenio: jefes de estado mayor, altos oficiales, jefes de estado, ministros del interior y de seguridad, muchos de los cuales en el intertanto fallecieron. Otros fueron juzgados en tres procesos que Italia logró celebrar en los años pasados. Pero lo que ahora se abre en febrero próximo, ante la Corte de asamblea de Roma también tendrá un valor de juicio histórico; evaluará en nuestro país, de acuerdo a nuestras leyes, las responsabilidades individuales.

No sabemos si esto restituirá un poco de justicia a miles de jóvenes caídos a causa de una represión ciega y brutal. Muchos eran de origen italiano, tenían doble pasaporte. Pero esto involucra también el silencio de nuestras autoridades de la época, condicionadas por la guerra fría y por el fantasma de una invasión del comunismo en la Europa Atlántica, lo que no  sustrajo a aquellos de la furia de asesinos cínicos. Volver a evocar sus nombres y claves en el tribunal ante sus verdugos servirá para no olvidad. Para evitar que suceda de nuevo.

 
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