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Guerra al Estado de derecho

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Guerra al Estado de derecho

Giorgio Agamben

Revista Il sole 24 ore 30/03/ 2016

No podemos comprender lo que realmente está en juego el la prórroga de 3 meses del Estado de emergencia en Francia, si es que no lo situamos en el contexto de una transformación radical del modelo estatal, a la cual estamos habituados.  Es necesario antes que nada desmentir las apreciaciones de políticos irresponsables, según los cuales el Estado de excepción sería un baluarte para la democracia. Los hechos dicen perfectamente que en verdad es lo contrario. El Estado de excepción es el dispositivo mediante el cual los regímenes totalitarios se instalaron en Europa. En los años que precedieron el ascenso de Hitler al poder, los gobiernos social demócratas de Weimar se habían valido tan a menudo del estado de excepción que podemos afirmar que ya Alemania había dejado de ser una democracia parlamentaria, incluso antes de 1933.

Luego de su nombramiento, el primer acto de Hitler fue la proclamación de un Estado de excepción, que posteriormente ya no fue revocado.

Cuando nos sorprendemos de los crímenes que impunemente cometieron los nazis en Alemania, olvidamos que se trataba de actos perfectamente legales, puesto que el país se encontraba en un estado de excepción, en el que las libertades individuales estaban suspendidas. No hay razón para suponer que un tal escenario no vuelva a proponerse en Francia: no es difícil imaginar que un gobierno de extrema derecha pudiese sacar provecho-para sus propios fines- de un estado de emergencia, al que los ciudadanos ya fueron acostumbrados por los gobiernos socialistas.

En un país que vive en un estado de emergencia prolongado, en el que las operaciones policiales sustituyen progresivamente al poder judicial, se esperaría una rápida e irreversible disgregación de las instituciones públicas.

Hecho aún más verdadero por cuanto el estado de excepción se inscribe hoy en el proceso que está transformando las democracias occidentales en algo que ya es necesario llamar “Estado de seguridad” (Secutity state, dirían los estadounidenses). El Término “seguridad” se ha integrado totalmente en el discurso político, que podemos decir que las “razones de seguridad” han tomado de forma estable el lugar de lo que antes se entendía como “razones de Estado”.

Si bien esta nueva forma de gobierno no pueda explicarse en los términos del moderno estado de derecho, un análisis de su estructura está faltando actualmente. Intentaremos fijar por lo tanto algún punto, en vista a una posible definición.

En el modelo de Thomas Hobbes, que ha influenciado profundamente nuestra filosofía política, el contrato que consiente en transferir los poderes al soberano, presupone el miedo recíproco y la guerra de todos contra todos y el Estado sería el que pone fin al miedo. En el Estado de seguridad este esquema se invierte: el Estado se funda de manera estable en el miedo y debe – a toda costa-mantenerlo, porque de él extrae su función esencial y su legitimidad.

Foucault ya había demostrado que cuando el término seguridad aparece por primera vez en el discurso político francés, con los gobiernos fisiócratas antes de la Revolución, no se trataba de prevenir las catástrofes o las carestías, sino de dejar que ocurriesen para luego poder guiar y orientar hacia la dirección considerada más conveniente. Igualmente, la seguridad de la que hoy se habla no apunta a la prevención de los actos terroristas (algo por lo demás bastante difícil sino imposible, puesto que las medidas de seguridad son eficaces solo habiendo ocurrido el ataque y el terrorismo es-por definición- una serie de ataques imprevistos), sino a establecer un control generalizado y sin límite alguno sobre la población (de ahí la concentración en los dispositivos que permiten el control total de los datos informáticos de los ciudadanos, incluyendo el acceso integral al contenido de los computadores).

El riesgo aquí es la deriva hacia la creación de una relación sistémica entre terrorismo y Estado de seguridad: si el Estado necesita del miedo para poder legitimarse, entonces deberá producirse el terror o, a lo menos no impedir que se produzca. Es así como vemos algunos estados perseguir una política exterior que alimenta el mismo terrorismo que luego deberán combatir en su interior y mantener relaciones cordiales, incluso al punto de vender armas a países que resultan financiar las organizaciones terroristas.

Un segundo punto importante de definir es el cambio del estatuto político de los ciudadanos y del pueblo, que en otro tiempo era depositario de la soberanía. En el Estado de seguridad estamos asistiendo a una tendencia imposible de detener de despolitización progresiva de los ciudadanos, cuya participación en la vida política se reduce a los sondeos electorales. Esta tendencia es tanto más inquietante por cuanto había sido teorizada por los juristas nazis, que definían el pueblo como un elemento esencialmente apolítico cuyo Estado debía garantizarle protección y crecimiento. Según estos juristas, hay solo una manera de politizar este elemento apolítico: mediante la igualdad de estirpe y de raza, que deberá distinguirlo del extranjero y del enemigo.

No se trata aquí de confundir el Estado nazi con el Estado de seguridad contemporáneo.

Sin embargo, hay que comprender que si se despolitizan los ciudadanos, estos solo podrán salir de su pasividad si se los moviliza desde el miedo a un enemigo extranjero no solo externo (los judíos para la Alemania nazi, los musulmanes en la Francia de hoy).

Es en este contexto que hay que encuadrar el siniestro proyecto de revocación de la ciudadanía a aquellos que posean una doble nacionalidad, proyecto que lleva a recordar la ley fascista de 1926 sobre la desnacionalización de los “ciudadanos indignos de la ciudadanía italiana” y las leyes nazis sobre la desnacionalización de los judíos.

 

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